Hace varios años en muchos países del mundo, como en Argentina, el cambio de hábito hacia un consumo más responsable se está haciendo escuchar. Los envases plásticos generan un impacto ambiental negativo a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su producción hasta su post consumo. La agenda ambiental está tomando lugar, una gran parte de nuestros residuos contaminan al medio ambiente. A partir de esta situación que sigue creciendo es necesaria en nuestro país la creación de una Ley de Envases.
Desde Innovar Sustentabilidad nos comunicamos con María Eugenia Testa, directora de Círculo de Políticas Ambientales para conversar sobre la relevancia de este proyecto de ley y que transformaciones traerá. Es una fundación sin fines de lucro constituidas por profesionales del tercer sector y el sector público, que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental. En el 2019 publicaron un informe sobre ¿Por qué necesitamos una ley de gestión de envases de pos consumo?, y siguen difundiendo esta temática.
Es primordial la creación de una ley de envases partiendo que los envases representan aproximadamente un 30% de los residuos sólidos urbanos y son la causa principal del crecimiento de la basura domiciliaria en las últimas décadas. “Asociado a estos residuos plásticos mal dispuestos aparece el problema de los micro plásticos, que se generan a partir del deterioro de los residuos plásticos de mayor tamaño y una vez liberados o generados, son muy difíciles de gestionar”, define María Eugenia Testa.
La ausencia de esta ley genera consecuencias ambientales y políticas. La directora de Círculo de Políticas Ambientales expresa que, al no tener esta ley de envases y embalajes, bajo el principio de responsabilidad extendida al productor (REP), termina impactando en los presupuestos municipales, ya que los gobiernos locales deben desviar cada vez más dinero a la gestión de residuos. Al tratar una ley que involucra a muchos actores sociales los conflictos aparecen, se cuestiona como debe ser la ley. Lo más importante es clarificar el punto de aporte económico que deben hacer las empresas, considerando la REP, cómo se gestiona y quien la gestiona.
Desde la mirada de Circulo de Políticas Ambientales este proyecto de ley debe contar con el principio rector de la responsabilidad extendida del productor –REP- que extiende la responsabilidad, al menos económica y legal, de los productores a todo el ciclo de vida de un producto, es decir, desde la instancia del diseño hasta el reciclado o la disposición final. “Debe quedar en claro que una ley REP no puede entenderse como una tasa que se cobra por generar residuos, porque eso no soluciona el problema” explica Testa.
A partir de esta ley se espera reasignar los costos de la gestión de los municipios a las empresas envasadoras, incorporar obligaciones para otros actores. Como los consumidores, que deberán adecuarse a los sistemas establecidos por las empresas para poder deshacer de sus envases post consumo. Por otro lado, la autoridad de aplicación (el gobierno nacional) deberá establecer metas de recuperación o reciclado de materiales con el objetivo de desviar progresivamente esos residuos de los rellenos sanitarios y como forma de control del cumplimiento de los planes.