Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, un convenio que si bien fue promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su armado tuvo participación ciudadana. El acuerdo recibió ese nombre por adoptarse en la ciudad costarricense de Escazú y su objetivo es facilitar el acceso a la información pública, promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de América Latina y el Caribe, la reparación de daños ambientales y el acceso a la justicia.
La buena noticia es que la Cámara de Diputados argentina aprobó este acuerdo y de esta forma, el tratado que ya fue firmado por otros 9 países queda a un paso de entrar en vigor.
Si bien el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 22 países suscribieron originalmente el acuerdo, este fue ratificado, hasta ahora, por solo diez: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Argentina.
Este convenio debe ser ratificado por al menos 11 Estados para entrar en vigor, cuando eso ocurra, se convertirá en el primer acuerdo vinculante a nivel mundial sobre derechos humanos y ambiente que establece garantías para la protección de personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales, esto es sumamente notable ya que América latina es la región más peligrosa del mundo para quienes luchan por proteger el planeta. Según Global Witness, la ONG internacional que trabaja “para romper los círculos viciosos de la explotación de los recursos naturales, pobreza, conflictos, corrupción y violación de los derechos humanos en el mundo», en 2019, más de dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales ocurrieron en la región.
Sólo falta la ratificación de un país más y así el Acuerdo de Escazú contribuirá a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.